Nicaragua y la reconfiguración del sector aurífero: capital chino, redes locales y mercados globales
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El gobierno de Daniel Ortega otorgó recientemente una nueva concesión minera a la empresa Tutuwaka Mining Company, un nombre prácticamente desconocido fuera de Nicaragua. No es un actor global, ni una gran multinacional del sector. Es, más bien, un ejemplo del tipo de empresas que están redefiniendo la industria aurífera del país: sociedades de reciente creación, con vínculos a capital chino, que operan casi exclusivamente dentro de Nicaragua. Lo que a primera vista parece una concesión más es, en realidad, parte de un proceso mucho más amplio en el que el oro se ha convertido en el eje económico y político del país, impulsado por la rápida entrada de capital chino en un entorno de baja transparencia y debilitamiento institucional.
Un giro geopolítico que reconfigura el sector
Ese proceso tiene un punto de partida claro. En diciembre de 2021, Nicaragua rompió relaciones con Taiwán y reconoció a la República Popular China. A partir de ahí, la relación bilateral se aceleró de forma inusual, con su elevación en 2023 a una ‘asociación estratégica’ —una categoría que China reserva para vínculos políticos y económicos prioritarios— y la entrada en vigor de un tratado de libre comercio en 2024. En apenas cinco años, empresas de origen chino han pasado a controlar concesiones auríferas que cubren cerca del 8,5 % del territorio nacional. No es una expansión incremental del sector minero, es un rediseño del mapa extractivo del país. La minería de oro ya era central en Nicaragua antes de la llegada de China. Lo que está ocurriendo ahora es un relevo acelerado de actores.
Durante años, el sector estuvo dominado por empresas occidentales, principalmente canadienses, como B2Gold y, más recientemente, Calibre Mining, que sigue operando algunas de las minas más productivas del país. Estas compañías tienen presencia internacional, cotizan en bolsa y publican reportes ambientales y sociales. En contraste, las nuevas empresas vinculadas a capital chino responden a un modelo distinto, basado en estructuras corporativas creadas casi exclusivamente para operar en Nicaragua, con mínima o nula huella internacional verificable. Esto difiere de la minería china en Sudamérica, donde predominan actores estatales o empresas con presencia global.
Desplazamiento de actores y rol del Estado
Lo que está sucediendo en Nicaragua no puede reducirse a un simple reemplazo entre empresas occidentales y chinas. Más que una coexistencia equilibrada, se trata de un proceso de desplazamiento en el que las compañías tradicionales mantienen la producción actual, mientras las nuevas concesiones —y con ellas el control del futuro del sector— se concentran cada vez más en manos de actores vinculados a capital chino. Todo esto ocurre, además, dentro de una estructura más compleja en la que el Estado nicaragüense juega un papel central.
El régimen Ortega-Murillo no actúa solo como regulador, sino como facilitador activo de la expansión minera. En los últimos años, el gobierno nicaragüense ha impulsado una expansión inédita del sector auríferomediante una combinación de supervisión regulatoria limitada, incentivos fiscales atractivos y la habilitación de amplias extensiones de tierra para concesiones mineras. En total, se han puesto a disposición alrededor de 7,1 millones de hectáreas, lo que equivale a cerca del 60 % del territorio nacional. Dentro de este proceso, el avance sobre territorios sensibles ha sido significativo. De los 72 lotes de concesión otorgados a 15 empresas chinas en los últimos cinco años, al menos 29 se superponen con territorios indígenas y afrodescendientes, lo que añade una dimensión territorial y social particularmente delicada a la expansión del sector.
En un contexto de sanciones internacionales y creciente aislamiento, el oro se ha convertido en la principal fuente de divisas del país, con exportaciones cercanas a los 2.000 millones de dólares anuales, equivalentes a alrededor del 10–12 % del PIB. Este impulso por expandir el sector pone en evidencia que la minería no opera como un negocio ordinario. Existen vínculos documentados entre la élite gobernante y la industria del oro, así como estructuras empresariales conectadas al poder que participan en distintas etapas de la cadena.
Un sistema donde lo legal y lo ilegal convergen
Para entender cómo funciona realmente esta industria, hay que mirar más allá de las concesiones. En Nicaragua, la minería aurífera opera como un sistema híbrido, donde lo legal, lo informal y lo criminal están profundamente entrelazados. El oro puede extraerse en una mina autorizada, pero también en territorios indígenas, áreas protegidas o mediante minería artesanal no regulada. Luego entra en una red de intermediarios —muchos de ellos vinculados a élites locales— que lo canalizan hacia plantas de procesamiento legales. Es en ese punto donde ocurre la transformación clave, donde el oro ilegal se mezcla con producción formal, pierde su trazabilidad y entra al circuito exportador. No son circuitos separados; se alimentan mutuamente.
Es aquí donde aparece un actor que suele quedar fuera del radar: las empresas intermedias y redes locales. No son grandes multinacionales ni figuran en titulares, pero cumplen funciones esenciales como intermediarios, concesionarios y operadores secundarios. Muchas están registradas en Nicaragua y, en muchos casos, vinculadas a estructuras cercanas al poder político. Funcionan como el puente entre la minería artesanal o ilegal y el sistema formal de exportación. Sin ellas, la integración del oro irregular en la cadena legal sería mucho más difícil.
Empresas chinas vs occidentales: más similitudes que diferencias
En este contexto, la diferencia entre empresas chinas y occidentales es más matizada de lo que suele presentarse. De hecho, el mapa actual de concesiones muestra que las compañías no chinas siguen siendo actores centrales. Entre las diez principales empresas con concesiones mineras en Nicaragua, las canadienses encabezan la lista en términos de superficie: Calibre Mining Corp. y Mako Mining Corp. concentran el 64 % de la tierra concesionada para minería metálica, lo que equivale aproximadamente al 10 % del territorio nacional. Detrás de ellas se ubica la empresa china Zhong Fu Development S.A., con alrededor del 9 %, seguida por la colombiana Grupo Mineros S.A. con un 8 %, y firmas británicas como Condor Gold S.A. y Royal Road Minerals Ltd., que en conjunto representan cerca del 5 %.
Estos datos dejan claro que la presencia china, aunque creciente, no sustituye completamente a los actores tradicionales, sino que se inserta en un ecosistema ya dominado por empresas de otros países. Sí hay diferencias, pero no son tan grandes como sugieren sus discursos corporativos. Las empresas que han operado tradicionalmente en Nicaragua son más visibles, están sujetas a mercados financieros y publican compromisos ESG. Las empresas chinas, en cambio, operan con estructuras más opacas y menos institucionalizadas. Sin embargo, cuando se observan las denuncias sobre expansión en territorios sensibles, falta de consulta a comunidades indígenas o coexistencia con cadenas de abastecimiento irregulares, no hay evidencia concluyente de que las empresas de otros países operen de forma cualitativamente distinta a las chinas en el terreno nicaragüense. La diferencia existe, pero es más de forma que de fondo.
Las consecuencias sociales de este modelo son visibles, especialmente en las regiones del Caribe nicaragüense, donde comunidades indígenas y afrodescendientes han denunciado desplazamientos, conflictos territoriales y falta de consulta previa. La expansión minera avanza en un contexto de debilitamiento del estado de derecho, lo que reduce los mecanismos de defensa de estas comunidades y facilita la consolidación del modelo extractivo, independientemente del origen de las empresas involucradas.
El factor China en el mercado global del oro
A esta dinámica local se suma un contexto global que ayuda a explicar por qué el oro ha adquirido tanta centralidad. En los últimos años, China ha incrementado de forma sostenida sus reservas de oro y ha reactivado compras a nivel estatal desde 2022, en parte como estrategia para diversificar riesgos frente al dólar y reducir vulnerabilidades geopolíticas. Este movimiento no implica que China absorba toda la producción global, pero sí contribuye a sostener una demanda estructural alta. En ese sentido, la expansión de capital chino en países como Nicaragua no puede entenderse solo como una estrategia bilateral, sino como parte de un posicionamiento más amplio dentro del sistema global del oro.
Un sistema global que no exige trazabilidad
Finalmente, hay que mirar el otro extremo de la cadena, que es el mercado internacional. A pesar del protagonismo creciente de China en las concesiones, el oro nicaragüense—legal o ilegal—termina principalmente en mercados occidentales. Estados Unidos absorbe alrededor del 60–65 % de las exportaciones, seguido por Canadá y Suiza. Esto introduce una contradicción evidente, ya que mientras Washington sanciona a actores vinculados al sector minero nicaragüense, sigue siendo su principal comprador. El sistema funciona porque existe una demanda global capaz de absorber oro con trazabilidad limitada.
Esto también ayuda a explicar una anomalía persistente, ya que Nicaragua exporta más oro del que oficialmente produce. La diferencia apunta a una combinación de minería informal, subregistro y posiblemente contrabando regional. Pero, sobre todo, confirma que el sistema está diseñado para integrar ese excedente sin cuestionar demasiado su origen.
La concesión a Tutuwaka, por tanto, no es un hecho central, es el síntoma de un complejo sistema de incentivos y actores diversos. Nicaragua se está consolidando como un laboratorio de inserción de capital chino en sectores extractivos bajo condiciones autoritarias, pero también como un nodo donde convergen actores globales, redes locales y economías informales. Más que una historia sobre China, se trata de una historia sobre cómo funciona realmente la economía del oro en el siglo XXI, donde el origen del metal importa menos que su capacidad de circular dentro de un sistema global.
