En Morococha, Perú, familias denuncian desalojo forzoso por parte de la minera china Chinalco
Foto: Presidencia Perú.
El desalojo en Morococha, ocurrido el 19 de septiembre, es el último capítulo de un conflicto que se arrastra desde hace más de una década en los Andes peruanos. En 2012, la minera Chinalco, filial de la estatal Aluminum Corporation of China (Chinalco), inició la reubicación de más de 5.000 habitantes para dar paso al proyecto cuprífero Toromocho, una de las mayores inversiones chinas en la región, con más de US $4.800 millones destinados a su construcción y expansión.
Aunque la empresa ofreció a los pobladores trasladarse a la llamada Nueva Morococha, ubicada en Carhuacoto, muchos se resistieron alegando que las condiciones eran precarias y riesgosas. La nueva localidad fue edificada sobre un terreno pantanoso, cercano a fallas geológicas, con problemas de acceso y servicios básicos limitados. A esto se sumaron denuncias por altos niveles de metales pesados en el agua y el suelo. Estudios posteriores confirmaron concentraciones de arsénico y plomo que superaban en más de once veces los límites permitidos, lo que ha derivado en problemas de salud documentados, especialmente en niños.
El operativo policial de septiembre, en el que participaron más de 250 agentes, puso fin a la permanencia de las últimas familias que se negaban a abandonar el viejo pueblo. Sus testimonios relatan que fueron sacados de sus casas sin previo aviso adecuado, que se les impidió recoger todas sus pertenencias y que incluso su ganado fue confiscado de manera irregular. “Lo que vivimos fue un despojo”, denunció uno de los pobladores, señalando que nunca recibieron compensaciones acordes a sus títulos de propiedad.
Este conflicto también ha puesto en debate el papel de las empresas chinas en la minería peruana. Si bien Chinalco representa inversión, empleo y regalías, su presencia en Morococha se ha asociado a denuncias de violaciones a los derechos humanos, falta de transparencia y ausencia de diálogo con la comunidad. El caso se suma a un historial de tensiones en torno a megaproyectos extractivos en el país, donde las promesas de desarrollo chocan con los costos sociales y ambientales que asumen las poblaciones locales.
En un contexto global de creciente demanda por cobre, fundamental para la transición energética y la electromovilidad, China busca asegurar el suministro de este recurso estratégico en América Latina. Sin embargo, episodios como el de Morococha plantean la necesidad de mecanismos de supervisión más estrictos y de un debate sobre los límites de la inversión extranjera cuando afecta directamente la vida de comunidades enteras.
Nota principal:
Morococha: el pueblo expropiado por la minera Chinalco – La República
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