Movidas de la semana China-Latam: Infraestructura, regulación, energía, minería
Esta nota reúne las noticias más relevantes de la semana del 02 al 07 de febrero sobre la relación entre China y América Latina. Los casos de Brasil, Panamá, Bolivia y Chile muestran tendencias convergentes: mayor escrutinio institucional sobre las inversiones chinas, revisión de contratos en sectores estratégicos y un entorno regional en el que la gobernanza, la regulación y el control estatal adquieren un peso creciente en la relación bilateral.
Energía limpia y bauxita, el atractivo del aluminio brasileño para China
Chinalco, compañía estatal china productora de aluminio, y la minera anglo-australiana Rio Tinto acordaron adquirir el control de uno de los principales productores de aluminio de Brasil, Companhia Brasileira de Alumínio. La operación se realizará a través de una sociedad conjunta—Chinalco 67%, Rio Tinto 33%—por un monto cercano a US$900 millones. El atractivo de CBA no está solo en su capacidad industrial, sino en que cuenta con abastecimiento propio de energía eléctrica 100% renovable. China, pese a ser el mayor productor de aluminio del mundo, depende fuertemente de importaciones de bauxita y busca asegurar sus cadenas de producción. Para Chinalco, CBA ofrece algo que no siempre puede replicarse en China, como una plataforma industrial con energía limpia y estándares ambientales exportables, relevantes para sectores como el automotriz o la construcción con exigencias de huella de carbono. En Brasil, donde el aluminio ya cuenta con actores globales establecidos, la operación parece no apuntar al volumen sino a la calidad del activo, combinando energía renovable y acceso asegurado a bauxita, lo que la acerca más a una apuesta ligada a la transición energética que a un negocio tradicional de commodities.
Puertos, soberanía y fricción con China en el Canal de Panamá
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la concesión que permite a Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, administrar los dos principales puertos comerciales ubicados en las entradas atlántica y pacífica del Canal de Panamá. Aunque el fallo se fundamenta en vicios legales del contrato y de su renovación, la decisión tiene implicaciones claras para la relación con China, dado el carácter estratégico de los activos y la lectura geopolítica que rodea la presencia de CK Hutchison en el istmo. China reaccionó con un tono inusualmente duro y advirtió que Panamá podría pagar “un alto precio” por la anulación del contrato, una señal del nivel de sensibilidad que Pekín asigna a este tipo de activos en el exterior. El caso se produce en un contexto de recalibración del vínculo Panamá–China, marcado por la salida panameña de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y por un mayor escrutinio político sobre infraestructuras críticas. Sin tratarse de una ruptura diplomática ni de una medida explícitamente dirigida contra empresas chinas, el fallo introduce incertidumbre jurídica sobre uno de los activos más sensibles asociados a capital chino en la región y se inscribe en un entorno de creciente presión estadounidense para limitar la presencia china en infraestructura estratégica en América Latina.
Auditorías y contratos chinos bajo escrutinio en Bolivia
El gobierno de Bolivia canceló un relevante proyecto de planta refinadora de zinc adjudicado a un consorcio chino por sobreprecios y falta de aprobación legislativa, y simultáneamente exigió a otra empresa china ajustes en el desarrollo de un complejo siderúrgico por deficiencias técnicas en el cumplimiento de contratos. El proyecto de zinc, valorado en alrededor de US$350 millones y con financiamiento vinculado a la banca estatal china, había sido presentado como un paso clave para industrializar la producción minera, pero fue observado por auditorías y nunca obtuvo el aval del Legislativo. La decisión se inscribe en una revisión más amplia de acuerdos firmados durante casi dos décadas de gobiernos de izquierda, marcadas por un fuerte relacionamiento político y financiero con China en infraestructura y minería. El nuevo gobierno, que llegó al poder con un discurso centrado en el control del gasto y la lucha contra la corrupción estatal, ha puesto bajo escrutinio contratos adjudicados con baja transparencia, un patrón que también fue señalado durante la rápida negociación y aprobación del tratado de libre comercio con China. En ese marco, la cancelación del proyecto de zinc aparece menos como un giro contra China y más como una señal de endurecimiento institucional sobre cómo se negocian y supervisan los proyectos estratégicos con socios extranjeros.
La estrategia del litio chileno reordena la presencia china
Tianqi, la empresa china de materiales para baterías, anunció que recortará su participación minoritaria en SQM, la principal productora de litio de Chile, donde posee cerca del 22 por ciento, y dejó abierta la posibilidad de una salida total. La decisión llega después de que la Corte Suprema rechazara su intento de frenar la alianza entre SQM y la estatal Codelco para explotar el litio del Salar de Atacama, un acuerdo que reduce la capacidad de Tianqi, como accionista minoritario, de influir en la gestión del principal yacimiento del país. El movimiento se da en un momento de cambios profundos en la política del litio chileno, con un rol más activo del Estado en la gestión del sector y nuevas reglas para la participación privada. Aunque Tianqi fue uno de los primeros grandes inversionistas chinos en el litio chileno, la eventual reducción o salida refleja las dificultades de mantener posiciones minoritarias en un entorno donde el control público sobre los recursos naturales se ha vuelto más determinante para Chile.