Movidas de la semana China-Latam: Infraestructura, Pesca y Acero
Esta nota reúne las noticias más relevantes de la semana sobre la relación entre China y América Latina. Los casos de Perú, Argentina y Brasil reflejan distintas dimensiones del vínculo: inestabilidad política y escrutinio sobre infraestructura estratégica, vacíos regulatorios en sectores extractivos con presencia de capital chino y tensiones comerciales derivadas de políticas industriales y medidas antidumping.
Perú destituye a Jerí en medio del llamado “Chifagate” y crece escrutinio sobre vínculo con China
El Congreso peruano destituyó al presidente interino José Jerí tras aprobar una moción por “incapacidad moral”, en medio de un escándalo conocido como el “Chifagate”, que involucra presuntas reuniones no registradas con empresarios vinculados a capitales chinos. Las denuncias apuntan a posibles gestiones irregulares relacionadas con proyectos de infraestructura y concesiones estratégicas, aunque las investigaciones fiscales aún se encuentran en curso. La salida de Jerí se suma a una década marcada por la alta rotación presidencial en Perú, donde el Congreso ha consolidado su capacidad para remover mandatarios en contextos de crisis política y acusaciones de corrupción, profundizando la percepción de inestabilidad institucional.
El episodio ocurre en un momento particularmente sensible para la relación Perú–China. El país asiático es el principal destino de las exportaciones peruanas, especialmente de cobre, y empresas chinas controlan activos relevantes en minería y logística, incluido el megapuerto de Chancay. La controversia política ha coincidido con un mayor escrutinio desde Estados Unidos sobre la presencia china en infraestructura considerada estratégica en América Latina, en un contexto de creciente rivalidad geopolítica. El caso reaviva el debate interno sobre transparencia, regulación y soberanía en proyectos de gran escala, y añade un nuevo elemento de incertidumbre a una relación bilateral que, pese a la volatilidad política peruana, ha mantenido crecimiento económico robusto en los últimos años.
Pesca sin observadores expone vacíos en la flota argentina con capital chino
Durante la última década, el ingreso de capital chino a la pesca argentina se intensificó mediante la compra de empresas locales parte de grandes conglomerados pesqueros, incluidos grupos estatales. La estrategia les permitió sortear una restricción clave: Argentina no autoriza que buques extranjeros operen bajo su propia bandera en aguas nacionales, por lo que adquirir compañías argentinas se convirtió en la vía legal para acceder a la Zona Económica Exclusiva con pabellón argentino. El resultado es una flota formalmente nacional, pero con fuerte presencia de capital extranjero. Según el más reciente informe oficial sobre la pesquería de calamar, en 2025 solo 7 de 78 buques poteros (pesca de calamar) llevaron a bordo observadores científicos —funcionarios que registran capturas y verifican el cumplimiento de las normas— cubriendo apenas 9 viajes de un total de 354. El análisis de la composición empresarial de la flota muestra que entre 45% y 50% de las embarcaciones están bajo control o integradas a conglomerados chinos, seguidas por capital español (≈18%), argentino (≈14%), japonés (≈8%) y participaciones surcoreanas y esquemas mixtos.
El caso adquiere relevancia política porque ocurre mientras el gobierno argentino impulsa un endurecimiento del control sobre la pesca ilegal extranjera en la llamada “milla 200”, el límite de la Zona Económica Exclusiva donde el país ejerce derechos soberanos exclusivos sobre los recursos marinos. En esa franja del Atlántico Sur se concentran cada año cientos de embarcaciones extranjeras que operan justo fuera del límite jurisdiccional, lo que ha llevado a reforzar sanciones y monitoreo satelital para disuadir incursiones ilegales. El foco oficial está puesto en la presión externa sobre ese límite marítimo, pero claramente existen vacíos en la fiscalización interna de una parte significativa de la flota que opera bajo bandera argentina. El debate se desplaza así hacia la capacidad real del Estado para hacer cumplir sus propias reglas en un sector donde confluyen intereses empresariales locales, capital internacional y una competencia cada vez más intensa por recursos como el calamar.
Brasil impone aranceles antidumping al acero chino
Brasil anunció la aplicación de derechos antidumping sobre importaciones de acero laminado procedentes de China, tras determinar que estos productos ingresaban al mercado brasileño a precios inferiores a los considerados justos y causaban perjuicio a la industria local. Las autoridades competentes establecieron aranceles adicionales que estarán vigentes durante 5 años y que se aplicarán a categorías específicas de acero utilizadas en sectores como construcción y manufactura. La decisión responde a investigaciones iniciadas a pedido de fabricantes nacionales, que denunciaron una presión creciente de importaciones chinas con precios significativamente más bajos que los del producto fabricado en Brasil, afectando márgenes, participación de mercado y niveles de utilización de capacidad instalada.
La decisión brasileña debe leerse en un contexto estructural más amplio. China produce más de la mitad del acero mundial bajo un modelo industrial donde el acceso a crédito estatal preferencial, el respaldo de gobiernos provinciales a empresas deficitarias, subsidios indirectos en energía y logística, y la presencia dominante de empresas estatales o mixtas forman parte de una estrategia de política económica. Este esquema ha generado un problema crónico de sobrecapacidad. Cuando la demanda interna china se desacelera, como ha ocurrido tras la crisis inmobiliaria, ese excedente se canaliza hacia exportaciones. Técnicamente, muchos envíos han sido declarados con márgenes de dumping en distintos mercados. Sin embargo, el fenómeno va más allá de una disputa jurídica. Se trata de una política industrial orientada a sostener empleo, preservar cadenas estratégicas, asegurar autosuficiencia tecnológica y expandir influencia comercial en economías emergentes. En ese escenario, Brasil y otros países sudamericanos no compiten únicamente contra empresas individuales, sino contra un modelo estatal de apoyo estructural a la industria siderúrgica china.