Foto: Flickr.
El 17 de abril de 2026, Ecuador recibió oficialmente la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país. La planta entró en operación en noviembre de 2016, pero nunca había sido recibida formalmente por el Estado ecuatoriano, porque presentaba miles de fisuras en los distribuidores de agua, piezas críticas para la operación. Las cifras varían según la fuente y el momento: un informe de Contraloría de 2018 identificó 7,648 fisuras, y en 2022 Celec reportó un total de 17,661. Para el momento de la recepción definitiva en abril de 2026, medios ecuatorianos como Expreso citaban más de 30,000. En cualquier caso, el Estado ecuatoriano recibió la obra con fallas estructurales conocidas y documentadas, incluso diez años después de su inauguración.
Para entender por qué Ecuador aceptó este desenlace, hay que retroceder un poco. La central fue construida con créditos del Exim Bank de China durante el gobierno de Rafael Correa y ha estado en el centro de investigaciones por presuntos actos de corrupción vinculados a su contratación. En 2021, la Corporación Eléctrica del Ecuador presentó un arbitraje internacional contra Sinohydro, la constructora china, exigiendo 580 millones de dólares por los defectos de construcción. Ese proceso duró cinco años y terminó no con una victoria ecuatoriana, sino con un acuerdo negociado.
El acuerdo extingue el reclamo inicial de 580 millones de dólares y establece una compensación total de 400 millones a favor del Estado ecuatoriano, dividida en dos partes: 200 millones en efectivo pagados en cuatro cuotas, y otros 200 millones destinados a la construcción de un nuevo proyecto eléctrico. A cambio, Ecuador liberará garantías por más de 170 millones de dólares que Sinohydro queda exenta de pagar. Pero la parte más significativa del acuerdo dista del dinero: tras la firma, Ecuador adjudicará a PowerChina, la matriz de Sinohydro, la operación y mantenimiento de la planta por un periodo de 25 años, mediante un contrato valorado en entre 46 y 60 millones de dólares anuales según distintas fuentes. Es decir, la misma empresa que construyó la obra con miles de fisuras será ahora la responsable de operarla y repararla. Ese modelo genera cuestionamientos, a los que el gobierno ecuatoriano ha respondido que los activos siguen siendo del Estado y que se retienen dos garantías por un total de 134 millones de dólares que no se liberarán hasta que la central opere adecuadamente.
Lo que el acuerdo no resuelve
Hay un problema que ningún contrato puede solucionar del todo. La erosión regresiva del río Coca representa uno de los principales riesgos para el funcionamiento de la planta, y según datos oficiales, el proceso erosivo se encuentra actualmente a pocos kilómetros de la captación, lo que genera preocupación por el riesgo de afectar de forma irreversible la principal fuente de generación eléctrica del país. El gobierno construyó recientemente un dique para contener el avance, pero el riesgo sigue latente. Esto es alarmante porque la hidroeléctrica aporta hasta el 30% de la energía que consume Ecuador, y es la columna vertebral del sistema eléctrico de un país que ya ha sufrido apagones prolongados en los últimos años.
El cierre de este proceso es un capítulo en una relación más larga y más complicada. El acuerdo se concretó tras negociaciones entre el presidente Daniel Noboa y su homólogo Xi Jinping: Ecuador necesitaba cerrar el litigio, estabilizar su sistema energético y no deteriorar su relación con un socio financiero del que sigue siendo dependiente. China, por su parte, obtuvo algo valioso: 25 años de operación de una infraestructura estratégica en el corazón de América del Sur. El gerente general de PowerChina Américas, Zhang Guolai, fue explícito durante la firma al decir que “Este no es el final de nuestra cooperación, sino el inicio de una nueva etapa.” Una frase que resume bien lo que pasó. Ecuador cerró un conflicto de diez años, pero en el proceso le entregó a China la administración de su principal activo energético por las próximas dos décadas y media.
Lo que este caso invita a pensar es si existe un patrón más amplio. No es la primera vez que un país de la región recibe infraestructura china con problemas y termina negociando una solución que implica darle más control a la misma empresa: Argentina lleva más de una década intentando resolver las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, también construidas con financiamiento chino y también plagadas de retrasos y renegociaciones. El entramado financiero y contractual de estos proyectos tiende a dejar poco espacio de maniobra. Ecuador no fue el primero, y probablemente no será el último caso.
