Foto: Wikimedia Commons.
El proyecto Rucalhue, una nueva central hidroeléctrica en el río Biobío, ha generado fuerte oposición de comunidades locales y organizaciones ambientales debido a su impacto social y ecológico. La planta, promovida por la empresa chilena Rucalhue Energía, filial de la China International Water and Electric Corporation (CWE), tendrá una capacidad de 90 megavatios (MW) y requerirá la inundación de 139 hectáreas de terreno, afectando especies nativas protegidas como el guindo santo y el naranjillo.
El proyecto obtuvo en 2023 la declaración de “interés nacional” por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), lo que facilitó la aprobación de los planes de manejo y el inicio de obras. Sin embargo, la falta de una consulta indígena exhaustiva ha sido criticada por expertos y organizaciones, quienes denuncian que se ha incumplido el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
Las comunidades locales, que ya han sufrido desplazamientos previos por otras centrales hidroeléctricas, denuncian que la represa fragmentará aún más el tejido social y destruirá ecosistemas clave. Algunos habitantes han llevado a cabo protestas y ocupaciones de terreno, siendo desalojados por la policía con uso de la fuerza.
La empresa asegura que aplicará medidas compensatorias, incluyendo la reforestación con especies nativas, pero expertos, como la politóloga Pamela Poo, cuestionan la transparencia del proceso y advierten que el gobierno está priorizando beneficios económicos sobre la protección ambiental. Mientras la construcción avanza, la comunidad afectada enfrenta el desafío de resistir o aceptar un proyecto que transformará irreversiblemente su entorno.
Nota principal:
Rucalhue, la hidroeléctrica en Chile que el gobierno impulsa y comunidades resisten – Dialogue Earth
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