Movidas de la semana China-Latam: comercio, infraestructura digital, oro
Esta nota reúne las noticias más relevantes de la semana sobre la relación entre China y América Latina. Los casos de Colombia, Chile y Costa Rica–Nicaragua reflejan distintas dimensiones del vínculo: desequilibrios estructurales en el comercio bilateral, tensiones geopolíticas en torno a infraestructura digital estratégica y disputas transfronterizas vinculadas a minerales críticos en un contexto de creciente demanda global.
Déficit récord: China domina el desbalance comercial colombiano
En 2025, Colombia registró el mayor déficit comercial de su historia, con un crecimiento superior al 50% interanual, una señal clara de deterioro estructural y no simplemente un fenómeno transitorio. El dato más contundente es que China representó cerca del 87% del déficit total de la balanza, un desequilibrio bilateral nueve veces mayor que el registrado con el segundo socio en materia de déficit, México. Colombia importa desde China principalmente maquinaria industrial, productos electrónicos, vehículos y bienes intermedios, mientras que sus exportaciones hacia ese mercado son limitadas y altamente concentradas en productos primarios. El problema de fondo no es solo que el país importe mucho, sino que exporta poco y con bajo valor agregado, todavía concentrado en petróleo, carbón y otros recursos minerales vulnerables a la volatilidad de precios y a decisiones de política interna.
El contraste con México ayuda a dimensionar la diferencia estructural. México también mantiene un enorme déficit con China, pero sus importaciones alimentan una base manufacturera integrada a cadenas de valor que exportan masivamente a Estados Unidos, generando un superávit suficiente para compensar el desequilibrio asiático. En Colombia esa transformación no se produce, ya que buena parte de las importaciones chinas se destinan al consumo o a sectores sin encadenamientos industriales, por lo que no se convierten en una expansión exportadora. El resultado es una balanza comercial persistentemente negativa y una dependencia externa que limita el margen de maniobra económico.
Cable Chile–China reabre tensión geopolítica
El proyecto conocido como “Chile–China Express” consiste en la instalación de un cable submarino de fibra óptica destinado a conectar directamente Chile con China. La iniciativa fue impulsada por China Mobile, una de las mayores empresas estatales de telecomunicaciones de China. A fines de enero, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones chileno firmó un decreto que otorgaba la concesión para construir y operar el cable. Sin embargo, dos días después el decreto fue dejado sin efecto. El caso se hizo público a finales de febrero, tras conocerse la reacción de Estados Unidos—que incluyó la revocación de visas a funcionarios chilenos—y entonces el gobierno afirmó que el proyecto aún se encontraba “en evaluación” y que no existía una aprobación definitiva. La existencia de un decreto firmado, seguida de su anulación y de la posterior explicación oficial, ha generado cuestionamientos sobre el estado real del proceso y los efectos de la presión estadounidense.
El episodio ocurre en un contexto donde América del Sur todavía no cuenta con un cable submarino operativo directo hacia Asia, por lo que gran parte del tráfico digital entre ambas regiones pasa a través de Norteamérica. En 2019, en medio del endurecimiento de la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, una propuesta que contemplaba la participación de Huawei en un eventual cable transpacífico perdió viabilidad política y no avanzó. Posteriormente tomó forma el cable Humboldt, que conectará Chile con Australia en asociación con Google, sin generar fricciones diplomáticas comparables. El caso actual se inscribe así en un escenario donde la infraestructura digital se ha convertido en un espacio de disputa estratégica y donde Estados Unidos ha mostrado una disposición creciente a intervenir forzosamente para resguardar sus intereses en el hemisferio.
Oro ilegal y demanda global: la disputa entre Costa Rica y Nicaragua
El gobierno de Costa Rica denunció que redes de minería ilegal están extrayendo oro en la zona fronteriza de Crucitas (San Carlos) y trasladando sedimentos auríferos hacia Nicaragua, donde—según el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora—empresas mineras, incluidas compañías de capital chino con concesiones otorgadas por el gobierno de Daniel Ortega, estarían procesando ese material. Autoridades costarricenses informaron que la actividad ilegal se ha expandido significativamente en los últimos meses, con miles de sacos de sedimento decomisados y una superficie afectada que supera las 3.000 hectáreas. San José sostiene que la mayor capacidad tecnológica de las plantas en Nicaragua permite recuperar casi todo el oro contenido en el material extraído, lo que crea un incentivo económico para el contrabando transfronterizo. El gobierno costarricense ha solicitado mayor control en el río San Juan—bajo jurisdicción nicaragüense—y ha planteado el tema en instancias legislativas como un problema de seguridad nacional y crimen organizado.
El trasfondo del caso se inscribe en un contexto internacional donde el oro ha adquirido mayor relevancia estratégica. En los últimos años, China ha incrementado de forma sostenida sus compras e importaciones de oro, tanto a través de su banco central como del mercado comercial, en una estrategia orientada a diversificar reservas y reducir exposición al dólar en un entorno de tensiones financieras globales. Nicaragua, por su parte, ha convertido el oro en uno de sus principales productos de exportación, especialmente tras el endurecimiento de sanciones occidentales. La combinación de alta demanda internacional, expansión de concesiones mineras en Nicaragua y debilidad en los controles fronterizos crea un entorno propicio para que el oro de origen irregular encuentre canales de procesamiento y comercialización, agravando las fricciones entre San José y Managua.